La Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados tiene entre sus
objetivos modernizar el régimen jurídico de la producción y gestión de los
residuos en base a la experiencia adquirida y adaptándose a las medidas de
liberalización y simplificación administrativa derivadas de la “Directiva de
servicios” Directiva
Europea 2006/123/CE (transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través
de las leyes denominadas “Paraguas” y “Ómnibus” y sus reglamentos, incluido el Real
Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del
área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
de modificación de diversos reglamentos ambientales). Esto ha generado que a
pesar de que se conservan algunas autorizaciones existen muchos trámites que se
someten a comunicación previa.
Durante esta Sesión Técnica se analizó la manera de
articular mecanismos de inspección y control de mercado que permitiesen
asegurar que todos los productos que se comercializan en nuestro país cumplan
la normativa y el principio de “responsabilidad ampliada del productor del
producto”, es decir, el productor de un producto que con su uso se convierte en
residuo, queda involucrado en la prevención y en la organización de la gestión
de los mismos, promoviéndose la reutilización, el reciclado y la valorización
de residuos (ya sea a través de sistemas individuales o colectivos de
responsabilidad ampliada).
Una de las principales problemáticas que posee tanto la
aplicación de los objetivos establecidos en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el que
participan, con distintas responsabilidades, diferentes administraciones y
agentes, es la financiación de todo el sistema propuesto. Situación que se
agrava con la situación económica actual. En este sentido, la Sesión Técnica pretendía
abrir el debate sobre cómo pueden adecuarse las instalaciones y sistemas
actuales a los nuevos requerimientos de dicha Ley, la problemática de la falta
de inversión pública necesaria para afrontar todos los cambios y cuál podría
ser el modelo de financiación en la gestión de residuos.
Primera mesa de la ST-7
Con objeto de desarrollar y discutir los aspectos
establecidos en esta Sesión Técnica se definieron dos mesas de debate
consecutivas. La primera de ellas tenía el título de: Inspección y control del cumplimiento de la
normativa. Retos y oportunidades. La mesa estaba formada por: José Enrique
Rodríguez Herrerías (Jefe del Área de Seguridad Industrial Subdirección General
de Calidad y Seguridad Industrial. Ministerio de Industria, Energía y Turismo),
Josep María Tost i Borràs (Director de la Agencia de Residuos de Cataluña), Ana
Navarro de Luna (Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobierno Medio
Ambiente y Sostenibilidad. Ayuntamiento de Málaga), Alfonso Gamboa Ramos
(Dirección de Calidad y Medio Ambiente. Dragados S.A) y Daniel López Marijuan (Responsable
del área de residuos de Ecologistas en Acción).
Durante su intervención, José Enrique Rodríguez Herrerías señaló
la importancia de realizar un adecuado desarrollo normativo de la nueva
normativa de residuos que permitiese la identificación dentro de la
administración pública de los distintos departamentos encargados de la
fiscalización e inspección de la legislación de residuos. Aspecto fundamental
para que la asignación de responsabilidades privadas funcione de manera ágil y
rápida. Asimismo, subraya la necesidad de avanzar hacia un "pragmatismo
normativo" en materia de residuos fijando objetivos factibles para las
empresas.
Por su parte, Josep Maria Tost i Borras, apuntó que es
necesaria una adecuada coordinación y colaboración entre los distintos
organismos públicos encargados de la fiscalización en materia de residuos:
seprona, agentes rurales, plataformas sociales, etc. para que la inspección
funcione de manera óptima. En ese sentido, Alfonso Gamboa advirtió que la
inspección que se está llevando cabo en materia residuos es insuficiente y en
la mayoría de los casos no alcanza a todas las empresas dedicadas al sector,
para resolver esta situación propuso la elaboración de planes específicos de inspección
de ámbito nacional que aseguren el cumplimiento de la normativa. En su opinión,
la inspección en materia de residuos además de punitiva y coercitiva debería
ser formativa y preventiva.
En su intervención Daniel López Marijuan manifestó que no se
están cumpliendo los objetivos en materia de gestión de residuos, ni en
porcentaje de retirada a vertedero ni en reciclado y reutilización. A este
respecto, señala las limitaciones de los Sistemas Integrados de Gestión
derivados de su ineficiencia en los procesos de separación y transformación de
residuos. En su opinión, el Sistema de Depósito Devolución y Retorno debería
tener carácter obligatorio para algunas tipologías de residuos. Además, indica
que la falta de lealtad institucional existente entre las Comunidades Autónomas
y la Administración Central es una de las principales causas de la ineficacia
de la inspección en materia de residuos.
Segunda mesa ST-7
A continuación se abrió la segunda de las mesas de debate
previstas en esta Sesión Técnica con el título: Financiación de la gestión de
residuos ante el nuevo marco normativo. Límites y oportunidades. En
ella participaron: Margarita Ruiz Sáiz-Aja (Subdirectora General Adjunta de
Residuos. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), Agustín
Barahona Martín (Jefe del Servicio de Control de la Gestión de los Residuos.
Junta de Castilla y León), Alba Cabañas Varales (Vicepresidente Comisión
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. CEOE), Ignasi Puig (ENT Medio Ambiente
y Gestión) y Miryam Sánchez Porcel (FEMP).
Durante el debate se puso de manifiesto que el sistema de
gestión de residuos más usado es aquel que supone un menor coste económico a la
empresa que lo desarrolla y que, en la mayoría de los casos, no es el más adecuado
desde punto de vista ambiental. Con el fin de aunar los objetivos ambientales y
económicos se debería constituirse un régimen de tasas que grave aquellas
actuaciones con una repercusión ambiental negativa como la retirada a vertedero
o la valoración energética, a la vez que se favorecen mediante incentivos
económicos las operaciones de reutilización y reciclaje de residuos. A este
respecto se recomienda la creación de un mercado subvencionado para los
productos reciclados para que las empresas que se dedican a este sector puedan
vender sus productos de forma rentable.
David Gimare. Técnico de la Asociación de Ciencias Ambientales. @DavidGimare
No hay comentarios:
Publicar un comentario